Para acreditar la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, el trabajador deberá informar a su empleador o contratante inmediatamente ocurra o cuando le sea diagnosticada la enfermedad laboral. En caso de no poder hacerlo, tendrá un plazo de 24 horas después de la ocurrencia o del diagnóstico de la enfermedad para dar a conocerlo. Una vez reportado el empleador o contratante informará a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la que esté afiliado, a través de cualquiera de los medios disponibles para ello.

A su vez, el empleador o contratante deberá, dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o diagnóstico de la enfermedad laboral, informar, diligenciar completamente y firmar los formatos establecidos por el Ministerio de la Protección Social, el "Formato Único para Reporte de accidente de trabajo del empleador o contratante - FURAT" y el "Formato Único para Reporte de Enfermedad Laboral del Empleador o Contratante - FUREP", suministrado por la ARL. En los casos en los cuales la condición de salud del trabajador no le permita dar aviso inmediato a su empleador, la notificación de la ocurrencia del evento puede hacerse por la IPS que le brinda la atención, un compañero de trabajo o un familiar.

Una vez recibido el FURAT completamente diligenciado y firmado por el empleador o la persona designada por él, o el contratante, la ARL procederá a analizar las circunstancias de forma, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente para calificar el origen de este. Para ello, cuenta con treinta días calendario siguientes al día en que fue entregado el formato.

Para calificar el origen de las enfermedades, la ARL cuenta con el mismo término, es decir, treinta días calendario a partir del diagnóstico. Para que una enfermedad sea calificada como laboral se deberá revisar la tabla de enfermedades adoptada por el Gobierno en el Decreto 1832 de 1994, modificado por el Decreto 2566 de 2009. Si esta no se encuentra señalada en la norma, será necesario acreditar dos situaciones:

- Que los factores que originan la enfermedad tengan en la población trabajadora una mayor incidencia que en el resto de la población.

- Que se compruebe la existencia de un nexo causal entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.

Posteriormente, ARL SURA procederá a notificar al trabajador, a la empresa, a la EPS y a las demás partes interesadas la calificación del origen, informando además que disponen de cinco días hábiles para manifestar controversia en relación con la calificación de origen dada por la ARL. La controversia deberá ser radicada por escrito en cualquiera de las oficinas de ARL SURA, con el fin de iniciar los trámites establecidos por ley (envío a Juntas de Calificación de Invalidez).

Los empleados con accidentes o enfermedades que tienen calificación de accidente de trabajo o enfermedad laboral continuarán su atención en salud en las instituciones de la red de IPS contratadas por la ARL o por la EPS a la cual se encuentren afiliados.

Los trabajadores con accidente o enfermedad que obtienen una calificación como accidente o enfermedad común continuarán su atención a través de la red de IPS de la EPS a la cual se encuentren afiliados.

En los casos en los que alguna de las partes interesadas manifieste controversia (reposición y/o apelación) en relación con la calificación del origen del accidente o enfermedad dada por la ARL, esta deberá enviar el caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez respectiva, entidad independiente a la Administradora de Riesgos Laborales, dentro de los diez días siguientes al recibo de la controversia.

Posterior al análisis de la información, la Junta Regional emitirá un dictamen con la calificación del origen del accidente o enfermedad. Este podrá ser apelado por cualquiera de las partes interesadas dentro de los diez días hábiles después de recibido el mismo.

Una vez radicada en las oficinas de la Junta Regional la controversia ante el dictamen emitido por esta, la Junta deberá enviar el caso a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien en segunda y última instancia, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la controversia, solucione la misma.

Una vez radicado el caso en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, esta entidad cuenta con treinta días calendario para emitir el dictamen respectivo. Ante el dictamen de la Junta Nacional no existen recursos de ley y, por lo tanto, este quedará en firme siempre y cuando no sea demandado (por cualquiera de las partes interesadas) y fallado por la justicia ordinaria.

Para manifestar la controversia ante los dictámenes de origen emitidos por ARL SURA, las partes interesadas deberán presentarla por escrito con una carta dirigida a la Comisión Laboral de ARL SURA. Este proceso no requiere de intermediarios, así como tampoco implica costos para el trabajador el trámite para la calificación en las Juntas de Calificación de Invalidez cuando se siguen los lineamientos del Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia.

Cuando en el accidente de trabajo o como consecuencia de este fallezca el trabajador, la empresa deberá investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el evento, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de la Protección Social de Colombia en la Resolución 1401 de 2007, con el fin de identificar las causas de raíz que lo ocasionaron e instaurar los mecanismos de control para evitar la ocurrencia de eventos similares. Para este proceso, la empresa recibirá asesoría de la ARL y luego de revisada la investigación de la empresa, la ARL emitirá las recomendaciones técnicas que la empresa deberá implementar con el fin de controlar los factores de riesgo que ocasionaron el evento.

La ARL deberá enviar al Ministerio de la Protección Social la investigación del evento mortal realizada por la empresa y las recomendaciones técnicas dadas a la misma, con el respectivo cronograma para el seguimiento dichas recomendaciones.

En relación con las prestaciones asistenciales, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tendrá derecho, según sea el caso, a las siguientes prestaciones asistenciales:

- Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.

- Servicios de hospitalización.

- Servicio odontológico.

- Suministro de medicamentos.

- Servicios auxiliares de de diagnóstico y tratamiento.

- Prótesis y órtesis, su reparación y su reposición (solo en casos de deterioro o desadaptación) cuando a criterio de rehabilitación se recomienda rehabilitación física y laboral.

- Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de estos servicios.

La prestación de servicios de salud se hará en las condiciones de calidad que determine el Gobierno Nacional y utilizando para este propósito la tecnología disponible en el país.

La institución prestadora de servicios de salud que atienda a un afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, deberá informar a la entidad promotora de salud y a la entidad administradora de riesgos laborales a las que el trabajador se encuentra afiliado, dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo o al diagnóstico de la enfermedad laboral.

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:

- Subsidio por incapacidad temporal.

- Indemnización por incapacidad permanente parcial

- Pensión de invalidez.

- Pensión de sobrevivientes.

- Auxilio funerario.

Cuando se trate de accidentes de trabajo, la administradora de riesgos laborales en la cual hubiese ocurrido el accidente deberá responder integralmente por las prestaciones derivadas de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independiente que el trabajador se encuentre o no afiliado a esta ARL después del hecho.

Cuando se trate de enfermedad laboral, las prestaciones serán reconocidas por la administradora a la que esté afiliado el trabajador en el momento de requerir la prestación. Cuando el trabajador se encuentre desvinculado del Sistema de Riesgos Laborales, la última ARL a la que estuvo afiliado deberá asumir las prestaciones, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse al periodo en el que estuvo cubierto por ese sistema.

Subsidio por incapacidad temporal

El subsidio por incapacidad temporal será determinado por los médicos tratantes de acuerdo con las condiciones agudas de la enfermedad o lesión que presente el trabajador, el cual le impida desempeñar su trabajo por un tiempo determinado.

El monto del subsidio por incapacidad temporal por accidente de trabajo será equivalente al 100 % de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente al día en que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, su invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los periodos en que el trabajador reciba regularmente su salario. Para la enfermedad laboral, será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a la enfermedad diagnosticada como laboral.

La incapacidad temporal se reconocerá hasta por 180 días, los cuales pueden prorrogarse hasta por periodos que no superen otros 180 días continuos adicionales, cuando la prórroga se determine como necesaria para el tratamiento del afiliado o para culminar su rehabilitación. Hasta tanto no se determine el grado de incapacidad o de invalidez, la ARL deberá continuar cancelando el subsidio por incapacidad temporal.

Incapacidad permanente parcial

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, un afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales sufre una disminución parcial o definitiva en alguna de sus facultades para realizar su trabajo habitual, presentándose una disminución permanente, igual o superior al 5 %, pero inferior al 50 % de su capacidad laboral para la cual fue contratado o capacitado.

El monto de la indemnización por incapacidad permanente parcial será proporcional al daño sufrido en una suma no inferior a dos salarios base de liquidación ni superior a veinticuatro salarios base de liquidación.

El porcentaje de la pérdida de capacidad laboral podrá ser recalificado en aquellas patologías que son de carácter progresivo. En los casos en los que se haya incrementado, la Administradora de Riesgos Laborales, responsable del pago de las prestaciones económicas, cancelará el valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC), desde el momento en que se efectuó el primer pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago.

Pensión de invalidez

En el Sistema General de Riesgos Laborales se considera inválida a la persona que, por causa de origen laboral no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50 % o más de su capacidad laboral, de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. Además, se deberán contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral, así como los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, y la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación emitida por la ARL ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la facultad de recurrir, en última instancia, ante la Junta Nacional en caso de no estar de acuerdo con el dictamen emitido por la Junta Regional.

La calificación de la invalidez podrá revisarse en cualquier tiempo a solicitud de la Administradora de Riesgos Laborales. El monto de la pensión de invalidez dependerá del porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado.

Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento 50 % e inferior al 66 %, el monto de la pensión de invalidez será el equivalente al 60 % del ingreso base de liquidación.

Cuando la invalidez es superior 66 %, el monto de la pensión de invalidez será el equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación.

Cuando el pensionado por invalidez requiera el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión se incrementa en un 15 % en relación con los montos indicados en los dos párrafos inmediatamente anteriores.

Los pensionados por invalidez de origen laboral deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.

No hay lugar al cobro simultáneo de prestaciones económicas por incapacidad temporal y pensión de invalidez, así como tampoco al cobro de pensiones otorgadas por los regímenes comunes y laborales y originados en el mismo evento.

Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez

Corresponde a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias.

En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco días siguientes a la manifestación sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

La calificación de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral se hará dentro del mes siguiente a la fecha en la que hubiese concluido el proceso de rehabilitación integral.

Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (EPS, ARL o aseguradora) sea inferior en no menos del 10 % a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la entidad.

El costo de los honorarios del dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez y demás gastos que se ocasionen durante este serán asumidos por la Administradora de Riesgos Laborales o las empresas aseguradoras correspondientes.

Pensión de invalidez

Si, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, sobreviene la muerte del afiliado, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas designadas como beneficiarias en el Sistema General de Pensiones, bien sea en la Ley 100 de 1993 o en las reformas pensionales que posteriormente la adicionen o modifiquen.

El monto mensual de la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Laborales será, según el caso:

- Por muerte del afiliado, 75 % del salario base de liquidación.

- Por muerte del pensionado por invalidez, el 100 % de lo que el pensionado estaba recibiendo como pensión.

- Cuando el pensionado recibía el 15 % adicional porque requería del auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de sobreviviente se liquidará y pagará, descontando este 15 % que se le reconocía al pensionado.

Dentro del Sistema de Riesgos Laborales el monto de las pensiones de invalidez y sobrevivencia no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 20 salarios mínimos legales vigentes.

Las pensiones de invalidez y de sustitución o sobrevivientes del Sistema General de Riegos Laborales se reajustarán de oficio el primero de enero de cada año, con el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total nacional, certificado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para el año inmediatamente anterior. Para las pensiones cuyo monto mensual es igual al salario mínimo legal mensual vigente, el reajuste se hará de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional incremente dicho salario cuando el reajuste resulte superior al de la variación del IPC.

Subsidio por auxilio funerario

La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del Sistema de Riesgos Laborales tendrá derecho a recibir, de la respectiva administradora o aseguradora, un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 10 veces dicho salario.

En el caso de la ARL se pueden presentar saldos a favor de las empresas, a causa de valores pagados en exceso por parte de los empleadores y que son reembolsados luego de la plena justificación con los debidos soportes por parte de ellos.

Para solicitar estas devoluciones de aportes, el empleador deberá realizar la solicitud por escrito explicando claramente el motivo que genera esta devolución, e indicando el medio por el cual desea que se realice este reembolso. Una vez recibida la solicitud, se estudiará su pertinencia y, en caso de ser válida, se procederá con la devolución.

Una vez establecida claramente la pertinencia las devoluciones, estas pueden ser realizadas por dos mecanismos: en primer lugar se encuentran las notas crédito, documentos por medio de los cuales se acredita a favor de los clientes el valor de la devolución, detallando las imprecisiones en los pagos que dieron lugar a su generación y la cual es puesta a disposición para que sea descontada en la respectiva autoliquidación de aportes que realiza el empleador.

En seguno lugar se encuentran las devoluciones realizadas en dinero a través de transferencia electrónica o mediante la generación de cheque a favor de la empresa. Estas últimas se originan, en la mayoría de los casos, cuando se trata de empresas o trabajadores no afiliados a la ARL SURA que por error realizan sus aportes a esta administradora.

En caso de presentarse mora en el pago de los aportes por parte de un empleador, la principal consecuencia que ello generará es que a partir de la fecha de inicio de la mora el empleador deberá asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de los riesgos laborales de sus trabajadores.

Adicionalmente, el incumplimiento de la obligación legal de cotizar oportunamente deriva, además del pago de los respectivos intereses moratorios, la imposición de las sanciones por parte del Ministerio de la Protección Social, que pueden llegar hasta los 500 SMLV y las demás sanciones establecidas en las normas para el control de la evasión al Sistema de Seguridad Social.

Las tarifas de cotización de aportes frente al Sistema General de Riesgos Laborales se establecen con base en lo definido en el artículo 13 del Decreto 772 de 1994, así:

Artículo 13. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. En desarrollo del artículo 27 del Decreto 1295 de 1994 se adopta la siguiente tabla de cotizaciones para cada clase de riesgo: Ver tabla: